Sánchez vetó hace un mes reforzar la Alta Inspección para evitar casos como el de Canet

Pedro Sánchez se ha mantenido de perfil ante el linchamiento a una familia de Canet de Mar (Barcelona) que logró que la Justicia reconociese el derecho de su hijo, de cinco años, a recibir el 25% de sus horas de clase en español. El presidente socialista ha evitado obligar a la Generalitat a cumplir las reiteradas sentencias -incluidas del Tribunal Supremo- para proteger el castellano. Y hace apenas un mes, Sánchez rechazó reforzar la Alta Inspección en Cataluña para vigilar precisamente esos incumplimientos.

En concreto, se trataba de una enmienda del Partido Popular en la que se solicitaba destinar 950.000 euros al «refuerzo económico y de personal de la Alta Inspección para garantizar un modelo de calidad y el cumplimiento de la ley en los centros educativos de todo el territorio nacional».

En otra enmienda, el partido de Pablo Casado reclamaba además un incentivo económico para el personal de la Administración General del Estado en Cataluña.

Hostigamiento y acoso

«La carestía de la vida, el hostigamiento y acoso del entorno separatista y el incumplimiento del bilingüismo en la Enseñanza por parte de las autoridades educativas, hacen que los Organismos Públicos del Estado adolezcan de falta de personal con unas plantillas muy mermadas, lo que repercute en la sobrecarga de trabajo de los funcionarios y la falta de eficacia y eficiencia de los servicios públicos que presta el Estado en Cataluña», advertían los populares.

Esas propuestas, en cambio, fueron rechazadas por el rodillo del Gobierno socialcomunista.

La polémica de Canet de Mar ha sacado de nuevo a la luz pública la situación que afrontan muchas familias que no pueden escolarizar en español a sus hijos.

El acoso comenzó después de que la familia lograse que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) reconociese el derecho de su hijo a recibir el 25% de sus horas de clase, en la escuela pública infantil Turó del Drac de la localidad, en español.

Desde entonces, el menor y los progenitores han vivido un linchamiento continuo, con llamamientos a apedrear su casa y aislar al pequeño en la escuela. Esta situación llevó a la familia a solicitar amparo judicial, que fue reconocido. El pasado viernes, los separatistas convocaron una manifestación cerca de las puertas del centro escolar y revelaron en las redes sociales la identidad de los padres, así como su negocio, para impulsar la cacería. 

Este lunes, la familia ha hecho pública una carta, difundida por la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña -que les ha guiado en el proceso-, en la que defienden que «hay que dejar de tragar y tragar y ser valientes para decir lo que uno piensa, levantarse para hacerlo y reclamar democráticamente nuestros derechos».

La familia confiesa lo coaccionados que se han sentido antes de hacer pública su denuncia y agradece todo el apoyo recibido. Reconocen que llevaban tiempo «debatiendo en casa si pedir o no la escolarización bilingüe» porque temían el acoso, como así ha sucedido: «Nos preguntábamos ‘¿Nos señalarán?’, ‘¿Nos amenazarán?’, “¿Nos harán bullying?’. Llegó la pandemia y cuando atenuó decidimos dar el paso».

«Nosotros confiamos en las instituciones y por eso acudimos a ellas. Si los Gobiernos incumplen la ley, los ciudadanos podemos reclamar nuestros derechos ante los tribunales. Es lo normal en una democracia. Y nos gusta que el sistema funcione», destacan.

En la misiva, acusan al Govern de mentir y no acatar las sentencias judiciales.

«Sentir el odio, la intimidación, las amenazas, el señalamiento en la propia piel es muy duro. Hemos tenido ganas de llorar muchas veces. Os agradecemos los gestos, pero os queremos pedir un poquito más. Lo que nos decís en privado hacerlo en público también. Nadie quiere ser héroe (desde luego nosotros tampoco), ¡queremos ser padres!, pero para que nuestra sociedad sea libre debemos vencer esta espiral de silencio que nosotros mismos creamos», concluyen.